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Menos trabas para crear y desarrollar restaurantes, bares y cafeterías en zonas turísticas canarias

Menos trabas para crear y desarrollar restaurantes, bares y cafeterías en zonas turísticas canarias

Después del primer trimestre de 2018, los restaurantes, bares y cafeterías situadas en las zonas turísticas de Canarias tendrán menos trabajas burocráticas. El Gobierno canario modificará en ese periodo el Decreto 90/2010, de 22 de julio, que regula la actividad turística de restauración reduciendo los trámites administrativos, según informó el consejero de Turismo, Isaac Castellano.

En el borrador del decreto se eliminan todas las disposiciones que aparecen en otras normas que se aplican a estos establecimientos, con el fin de “simplificar la normativa y reducir los requisitos sin menoscabar los derechos de los usuarios”.

Los cambios están consensuados durante las reuniones previas mantenidas con las organizaciones patronales del sector, asegura el consejero, quien sostiene que el objetivo es “garantizar y aumentar la calidad de las actividades turísticas, los derechos del consumidor y las condiciones de trabajo de los profesionales”.

Castellano explicó que los cambios facilitarán la tramitación para poner en marcha tales negocios porque permitirán “establecer procedimientos de inicio de la actividad únicos, basados en el principio de ventanilla única y de conformidad con la actual legislación”, al mismo tiempo que “garantizará la simplificación de las tareas de inspección y la definición de las competencias, de forma que éstas sean de una única administración”.

El consejero de turismo aseguró que “en Canarias existen cerca de 8.000 restaurantes, de los que casi la mitad se encuentran en municipios eminentemente turísticos, una cifra que evidencia la importancia de este subsector”.

Además, subrayó que muchos de los aspectos normativos que afectan a la apertura y puesta en servicio de los restaurantes, bares y cafeterías no son de competencia turística, sino de otros departamentos del Gobierno de Canarias (Hacienda, Industria y Sanidad) y de los ayuntamientos, con los que “se ha trabajado de manera conjunta, dado que la modificación tiene un impacto en las normas que tienen que ver con la regulación del consumo”.

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