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El abogado Antonio Viñal llama a los bodegueros a estar al día en la legislación del sector

El abogado Antonio Viñal llama a los bodegueros a estar al día en la legislación del sector

Antonio Viñal es el abogado que impulsó el Código Vitivinícola, que viene a ser una herramienta para combatir el problema que genera al sector el incremento notable y desordenado de la legislación aplicable al sector del vino. Un hecho que, además, está preocupando a la viticultura del país toda vez que dificulta su desarrollo y obliga a los bodegueros a disponer de asesoramiento especializado y actualizado.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas que presenta el actual marco regulatorio del sector vitivinícola?

Aunque no son exclusivos del sector vitivinícola, sí le afectan en mayor o menor medida y son básicamente dos: la inflación y la contaminación legislativa. El primero consiste en el exceso de normas -las leyes o sus equivalentes, por ejemplo- que crecen a un ritmo de unas 2.000 al año, si sumamos las comunitarias, estatales y autonómicas. El segundo es que este crecimiento, además de ser excesivo, es desordenado, lo que dificulta saber qué normas están vigentes y cuáles no. Y ambos problemas, la inflación y la contaminación legislativas, suponen un desafío para las empresas, pero, también para el Estado de Derecho.

¿Cómo repercute la inflación legislativa en la actividad de las empresas, en general, y de las bodegas, en particular?

El alcance de la repercusión depende, en última instancia, de la estructura, del tamaño o de la gestión de la empresa o bodega de que se trate, pero lo que es seguro es que, de una manera o de otra, esa repercusión existe. El exceso de normas tiene un enorme impacto en la actividad respectiva, tanto por las cargas administrativas derivadas del cumplimiento de esta ingente masa normativa (que hace que nuestro país ocupe, de entre los 30 países de la OCDE, el último puesto en empresas unipersonales y el puesto 26 en el resto de las empresas), como por los costes administrativos asociados a dicho cumplimiento (que, de nuevo, en nuestro caso, supone aproximadamente el 4,6% del PIB general y el 7,6% del PIB empresarial).

¿Cómo incide, a su vez, la contaminación legislativa en la actividad empresarial ya sea en general o de las bodegas, en particular?

Si partimos de la base de que las normas, de conformidad con el principio de competencia, deben conocerse y respetarse, el empresario o bodeguero tiene que estar al corriente, le guste o no, de qué normas han sido derogadas por otras de forma tácita o expresa, o de qué normas, por el mero paso del tiempo, se han convertido en obsoletas. Para ello, necesita disponer no sólo de asesores especializados, sino de instrumentos que les faciliten a éstos dicha labor de asesoramiento. Ello incide directamente en su productividad, en su competitividad y en su responsabilidad.

¿Ha sido adoptada alguna medida, por parte de los poderes públicos, para enfrentarse a estos dos problemas?

A escala comunitaria hay diversas iniciativas, como el programa SLIM, para la simplificación legislativa; el programa ABR, para la reducción de cargas administrativas; o el programa REGIT, para la adecuación de la reglamentación. A escala nacional, se ha impulsado el Real Decreto 1083/2009, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo o la Ley 20/2014, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, pero en ambos casos estamos bastante lejos de llegar a eso que se ha dado en llamar “regulación inteligente”. Esto es, inteligible, flexible, práctica, eficaz y eficiente y fácilmente accesible.

Hablando de accesibilidad, ¿existe algún instrumento, en el caso concreto del sector vitivinícola, en el que este pueda encontrar “just in time” la normativa que lo regula?

Existe, claro que existe, y es el resultado de una preocupación compartida por AVCO -nuestro Despacho- y Thomson Reuters, consistente en poner al alcance de las bodegas dicha normativa, haciendo hincapié en su vigencia. Fruto de esa preocupación y de nuestra experiencia en la materia, es el Código Vitivinícola en cualquiera de sus dos ediciones, papel o digital, con la ventaja adicional de que esta última recoge las novedades legislativas más recientes a medida que éstas se van produciendo, como la Ley 1/2017, de 3 de enero, por la que se regula el control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja; o el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola. A través de este Código, las bodegas, con una mínima inversión de tiempo, pueden estar al tanto del marco regulatorio actual. Otra cosa es la necesidad de que este sea más breve y mejor, pero esto, como diría Kipling, es “otra historia”, y en tanto no llegue, este instrumento es, en mi opinión, imprescindible.

¿Cómo está estructurado el Código Vitivinícola y qué temas aborda?

El Código está estructurado en tres partes que abarcan Legislación Comunitaria, Estatal y Autonómica, seguidas de un Índice Analítico Abreviado para facilitar la consulta. Cada parte, a su vez, integra distintas materias, como la política agrícola común, el programa de apoyo al sector vitivinícola o las Denominaciones de Origen Protegidas y sus Consejos Reguladores, ya mencionados.

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